Abogados de los principales encartados en la operación Calamar han insistido en que sus defendidos no deben ir a prisión preventiva, sino que cuentan con el arraigo suficiente para ser favorecidos con otro tipo de medida de coerción, además de que en los dos años que lleva la indagación del Ministerio Público han demostrado no tener peligro de fuga.
En ese sentido, Laura Acosta, miembro de la mesa de defensa del ex candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, afirmó este viernes que si los imputados hubiesen querido escapar del proceso, tuvieron 28 meses para hacerlo.
“El punto de la solicitud de coerción es saber si hay necesidad de mantener en prisión preventiva a los imputados, mientras se conoce el proceso”, resaltó Acosta, agregando que la audiencia que se lleva a cabo el día de hoy no tiene nada que ver con culpabilidad, ni inocencia, que es exclusivamente saber si para continuar con la investigación, y presentar acusación, es indispensable que estas personas estén privadas de libertad.
De igual manera, la barra de defensa de José Ramón Peralta entiende que él cuenta con todas las condiciones para permanecer en una medida diferente a los 18 meses de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público.
“La realidad es que la libertad habrá de ser la regla, y la excepción debe ser la prisión”, precisó la abogada Emery Rodríguez, parte de la defensa de el exministro administrativo de la Presidencia.
Asimismo, el abogado del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, Eduardo Núñez, reveló que desde el año 2021 su cliente notificaba por escrito a la Procuraduría General de la República cada una de sus entradas y salidas del país, de manera voluntaria, detallada y con anticipación, lo que demuestra su actitud de colaboración plena con la investigación.
En un comunicado remitido a la prensa, Núñez detalló que la prisión preventiva es una medida de coerción extrema para una persona que por un período superior a dos años y que a pesar de haber enfrentado actos coercitivos en la forma de impedimentos de salida y saberse investigado, ha comparecido cuantas veces fue citado; sin mencionar que contó con más de 50 oportunidades de quedarse fuera del país y no lo hizo.
Este viernes, por cuarta vez, la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional busca conocer la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el entramado de corrupción denominado operación Calamar.
En la audiencia, que se lleva a cabo en la Primera Sala del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se concluirá la lectura del expediente mediante el cual el Ministerio Público fundamenta su pedido de 18 meses de prisión preventiva para los 20 encartados en la operación.
El pasado miércoles el MP avanzó en un 95% la presentación de solicitud de medida de coerción, plasmada en un expediente sustentado en dos mil 120 páginas, con pruebas testimoniales, escritas y documentales.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se coalicionó con funcionarios públicos de mando alto, como José Ramón Peralta Fernández y Gonzalo Castillo Terrero, para desfalcar al Estado con más de 19 mil millones de pesos.
Además con funcionarios de nivel medio, entre ellos: el fenecido Emilio C. Rivas R., ex director general de Bienes Nacionales; Luis Miguel Piccirillo M, ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, ex director de la Dirección General de Catastro Nacional; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex Contralor General de la República; Andrés Guerrero, ex Contralor del Banco de Reservas; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, ex asesor del Ministerio de Hacienda; Princesa Alexandra García Medina, ex directora de la Dirección del Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda; Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, ambos ex directores de la Dirección de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda; y Víctor Matías Encarnación Montero, ex director técnico de la OISOE.
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