El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo
del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, apoderó a la Inspectoría
General para que realice las indagatorias en torno a la actuación de la jueza de Ejecución
Interina de San Cristóbal, Katherine Rubio Matos que otorgó permisos a numerosos rclusos.
La denuncia contra la magistrada fue realizada por la
Procuraduría general de la República que ordenó suspender más de 50 permisos a
reclusos, muchos de alta peligrosidad, para pasar parte del período navideño
sus hogares.
La decisión del presidente del Poder Judicial está contenida
en la Comunicación número 0001/2018, remitida al Inspector General del CPJ,
Leonidas Radhamés Peña.
De inmediato, un equipo de inspectores del Poder Judicial se
trasladó al Palacio de Justicia de San Cristóbal, con el propósito de realizar
una investigación sobre el particular.
Durante la fase investigativa, la Inspectoría cumple con un
protocolo a través del cual se cumplen
las distintas fases procesales de la indagatoria, antes de concluir con los
resultados.
La magistrada había defendido su actuación al decir que esas
decisiones fueron adoptadas como parte de sus prerrogativas.
Según la Procuraduría los reclusos fueron devueltos a los centros, algunos involucrados en casos como el de Paya, Figueroa Agosto o el la banda de Rolando Florián Felix.
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