Miembros de la Junta Directiva del Colegio Dominicano de
Abogados de la República Dominicana denunciaron que en el gremio impera un
mayúsculo caos, debido al desorden institucional, la falta de transparencia y
el despilfarro que alegan caracteriza la gestión personalista del licenciado
Miguel Surún Hernández.
En rueda de prensa celebrada en el local del Colegio de
Abogados, las fuertes críticas fueron realizadas por los directivos Jesús Colón
Arache, Fiscal Nacional, Carlos Lorenzo,
Secretario Nacional de Educación, Ramón
Fermín Moya, Secretario Nacional de Asistencia Social, Gisela García-Secretario Nacional de Actas y
Correspondencia y el Licenciado Gamaliel Pérez Gonzales, Secretario Nacional de
Relaciones Públicas.
En un documento entregado afirman que la gestión del actual presidente
del Colegio quedará recordada en la
historia del gremio como la que más ha denigrado su misión, por innúmeras
violaciones a sus normas y falta de transparencia.
Consideran que es inaceptable que un Presidente que se jacte
de ser el paladín y salvador de un gremio al que luego de haber denunciado al
país que lo recibía quebrado y con una deuda de más de 80 millones de pesos,
nunca sometió ni procuró sanciones contra aquellos desfalcadores de esos fondos
públicos.
“Tampoco convoca estatutariamente su Directiva, que es en
quien descansa legalmente el poder y la toma de decisiones, a través de sus
resoluciones como lo establece la Ley y los reglamentos que rigen su
funcionabilidad, que por el contrario, suplantó a cada funcionario electo,
negándole el derecho a ejercer las funciones y responsabilidades que una
asamblea eleccionaria puso sobre sus hombros”, señalan.
Denunciaron que no ha realizado el primer ejercicio de
rendición de cuentas con el cual se le muestre a la clase jurídica y al país,
cómo se gasta e invierte cada centavo que recibe esta entidad gremial.
Resaltaron la ausencia de transparencia de su nómina, la
cual dijeron es manejada de manera antojadiza, caprichosa y discriminatoria “
determinando según las simpatías a quien le paga o no, extendiéndose esto a la
Junta Directiva, de cuyos miembros, algunos a los que se les adeuda desde 8
hasta 19 meses de salario”.
También lo acusan de destruir y de aniquilar la cooperativa
del Colegio, de eliminar el seguro médico, que adjudicó sin concurso, ni
licitación alguna, la elaboración confección e impresión de las leyes, carpetas
y reglamentos que le son entregados a los abogados de nuevo ingreso.
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