En la celebración del Día Mundial del Hábitat, comunidades urbanas, acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, Red Urbana Popular (RUP)y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), exigieron frente al Palacio Nacional el cese de los desalojos forzosos y entrega de títulos de propiedad en todo el territorio nacional.
Los sectores afectados por esa situación La Mina en San Isidro, Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo en el Distrito Nacional; El Carril de Haina; así como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo I,II y III y El Gran Valiente del municipio de La Caleta, reclamaron sus derechos a una vivienda digna, tal como establece el artículo 59 de la Constitución Dominicana.
Mientras que los pobladores de La Mina, en San Isidro, quienes fueron desalojados forzosamente de sus viviendas en abril de 2021, en horas de la madrugada, según sus habitantes sin la presencia de la fuerza pública, que según expresaron las organizaciones sociales, fueron entregados por el Estado a las Fuerza Aérea Dominicana.
En esa situación están 600 familias que llevaban hasta 20 años establecidas en la zona, donde incluso el propio Estado había construido infraestructura urbana, lo cual implica un reconocimiento del hábitat socialmente construido.
De igual manera en el sector Arroyo Lindo, en el Distrito Nacional, en donde 250 familias fueron desalojadas el 6 de diciembre de 2022, sin que esas personas hayan sacado sus ajuares de sus casas.
Por su parte, los sectores Carril de Haina (Bajos de Haina), Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Gran Valiente (La Caleta, Boca Chica) enfrentan amenazas de desalojo desde 2023. Sus pobladores poseen más de diez años habitando en esos barrios con mucho esfuerzos sin el apoyo de las autoridades gubernamentales y municipales mejorando cada día su entorno para hacerlo mejor vivible para ellos.
Las comunidades fueron acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la CNDH-RD, que han dado seguimiento a cada uno de estos casos.
El señor Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbana Popular y representante de la comisión dijo que las comunidades con más de diez años de existencia, que cuentan con servicios e infraestructuras públicas como acueductos, electricidad, escuelas, hospitales, iglesias, recogida de residuos sólidos, calles y aceras, no pueden ser clasificadas como invasoras, ya que son reconocidas por el mismo Estado como sectores establecidos.
Las organizaciones de la Red Urbana Popular advirtieron que los desalojos forzosos incrementan el déficit habitacional y agravan la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Indicaron que la práctica por el gobierno refleja el predominio de una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado, mientras el Estado incumple su obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna.
Asimismo, enfatizaron que el acceso a una vivienda adecuada y asequible está protegido por el marco jurídico nacional e internacional, por lo que exigieron al Estado resarcir la deuda social con las comunidades afectadas.
La Red Urbana Popular sostuvo que los procesos como la recuperación de los ríos Ozama e Isabela deben garantizar la participación efectiva de las comunidades involucradas, como es el caso de Rivera del Ozama y Las Malvinas, a fin de evitar repetir experiencias como la de Domingo Savio, donde alrededor de 2,500 familias fueron desalojadas sin una indemnización justa ni una reubicación digna.
Entre otras de sus demandas, solicitan el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnización a las familias afectadas, participación comunitaria en las intervenciones urbanas planificadas por el gobierno, retomar el proceso de declaración de utilidad pública de terrenos habitados durante años por familias que son reclamados por particulares y continuar el Plan Nacional de Titulación en terrenos estatales ocupados de forma pacífica y prolongada.
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